Noticias - 2014-03-17

CONTROVERSIA POR ESTERILIZACIÓN EN MENORES CON DISCAPACIDAD MENTAL

Lugar
COLOMBIA
Hora
00:00 A.M.
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Detalles:

La Corte no hizo ninguna clase de diferencia frente a los distintos cuadros de discapacidad, según expertos consultados.

Fuentes aseguran que aunque no hay todavía una sentencia de la Corte Constitucional, el tribunal está invadiendo el espectro del legislador.

Luego de que la Corte Constitucional diera  su aval frente a los procedimientos de esterilización en menores de edad con discapacidad mental permanente, surgieron distintas reacciones frente a la postura del alto tribunal.

La Iglesia católica fue una de las primeras instituciones en pronunciarse  a través del monseñor Juan Vicente Córdoba, ex secretario de la Conferencia Episcopal, quien había asegurado que las mutilaciones no están permitidas y que cada persona  tiene derecho a su integridad emocional, psicológica y física.

EL HERALDO  consultó la opinión de algunos expertos que igualmente se manifestaron contrarios a los anuncios de la Corte.

El abogado constitucionalista y expresidente de  dicha corte José Gregorio Hernández explicó que de lo que se trata hasta ahora  es de una demanda de inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 1412 de 2010, que trata de la autorización a la práctica de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsables.

Dicho artículo fue demandado porque señala la prohibición de operaciones esterilizadoras a menores de edad. Dice Hernández que este apartado se ajusta a los tratados  de derecho internacional, pero que la Corte Constitucional  agregó un elemento con el que discrepan los académicos como él, ya que se establece una excepción para los niños con discapacidad mental.
Considera el jurista que la Corte está invadiendo la órbita del legislador al asumir que todo menor con dicha condición clínica necesariamente va a tener una procreación difícil. “Eso es algo que se debe analizar con los médicos y los científicos”, recalca.

Sin embargo, Hernández, que se declara respetuoso de las decisiones  del alto tribunal, agrega que hay que esperar el texto final del fallo para entrar a especular sobre el particular. Manifiesta  entonces que ahora no se podrían formular solicitudes de nulidad, aunque  recuerda que las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables.

Para el director de la Fundación Marido y Mujer, exsacerdote y excandidado al Senado Javier Suárez, la Corte Constitucional se está tomando atribuciones de legislador y no como un órgano administrador de justicia.
“Pienso que la Corte está cosificando al ser humano atropellando su dignidad y trillando sus derechos al punto de avalar procedimientos que inhiban su capacidad reproductiva”, dice Suárez.

Revela  el también abogado que él tiene familiares con síndrome de Down y que puede afirmar que ellos, a pesar de no alcanzar la mayoría de edad psicológica pero sí la biológica, no están en condiciones de sostener relaciones sexuales voluntariamente.

“No veo ese estadio de personas en estas condiciones procreando con su pareja”, afirma y añade  que estas personas nunca alcanzan a explorar su sexualidad.
Javier Suárez cree que los seres con discapacidad mental no dejan de ser niños y que siempre requerirán del cuidado  de su familia.

También advierte que la Corte Constitucional no hizo ningún tipo de diferenciación frente a los distintos  cuadros de discapacidad, sino que generalizó. Insistió que la Corte irrumpió en ámbitos que no son de su competencia.

Lo que le preocupa  al excandidato al Congreso es que las personas con discapacidad puedan quedar expuestas ante personas que sí gozan de todas sus facultades y que podrían abusar en un momento dado de seres en estado de involuntariedad.

“Soy partidario de que se convierta en delito el abuso y las aberraciones sexuales de personas con plena conciencia que buscan satisfacer sus deseos con quienes padecen discapacidades”, asevera.

Entre tanto José Gregorio Hernández que concuerda con la posición de la Iglesia, controvierte el hecho de que la Corte Constitucional expida comunicados mientras se demora meses en sentar jurisprudencia, “los comunicados no tienen el valor jurídico de la sentencia”, aclara.

Y además puntualiza que a partir de la notificación de la sentencia transcurren tres días hábiles dentro  de los cuales se puede formular una solicitud de nulidad del fallo, pero solamente por razones procesales. “No cabria una demanda contra sentencia de la Corte Constitucional por razones de fondo”.