Noticias - 2014-02-03

EJECUTIVO DEJÓ DE USAR UNOS S/. 30 MILLONES DE SU PRESUPUESTO EN DISCAPACIDAD

Lugar
LIMA - PERÚ
Hora
00:00 A.M.
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El 2013 fue un año discreto para la agenda de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú. En el ámbito normativo, el entusiasmo generado por la aprobación de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, se vio eclipsado por la demora en su reglamentación, fruto de la desidia de nuestras autoridades y de la ineficiencia de la burocracia estatal. La falta de reglamento ha impedido, entre otras cosas, la fiscalización y sanción de los incumplimientos a la ley, así como la asignación los recursos necesarios para la implementación de distintas medidas.

Dos leyes importantes también se aprobaron en el 2013: la Ley 30119, que concede el derecho de licencia a los trabajadores públicos o privados que tengan hijos menores con discapacidad, y la Ley 30150, Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Esperamos que la reglamentación de ambas normas no siga la suerte otras leyes que aún esperan ser reglamentadas, como la Ley 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruana; la Ley 29830, Ley que promueve y regula el uso de perros guías por personas con discapacidad visual; la Ley 29889, Ley que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental; o la propia Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

De otro lado, en el ámbito de las políticas públicas, tres programas presupuestales representaron la mayor apuesta del Estado peruano por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Así, el año pasado se ejecutaron por primera vez tres programas presupuestales en materia de discapacidad (en salud, educación y empleo), los cuales forman parte de la Estrategia Multisectorial “Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad”. Estos programas se implementaron bajo la metodología de “Presupuesto por Resultados” (PPR), que es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de fondos a resultados medibles a favor de la población.

El monto inicial asignado para los programas presupuestales fue de S/. 44.6 millones. Sin embargo, en su ejecución se perdieron varios millones. El programa en educación, por ejemplo, orientado a la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, tenía un presupuesto inicial de S/. 32.2 millones pero éste se redujo a S/. 18.7 millones. Pese a ello, su nivel de ejecución alcanzó un pobre 73.4%, con sólo 65.8% de ejecución en el caso del Ministerio de Educación. Es decir, al final el Sector Educación ejecutó sólo S/. 13.7 millones. En el caso del programa presupuestal en salud, a cargo del Ministerio de Salud, su presupuesto modificado ascendió a S/. 13.5 millones pero su ejecución fue de apenas 79.4%. Finalmente, el programa para inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tuvo apenas un presupuesto de S/. 850,300 con una ejecución de 72.5%.

Una mención aparte merece el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Su proyecto para la mejora de la atención de alta complejidad sólo ejecutó el 69.5% de los S/. 26.3 millones presupuestados. Es decir, se dejaron de usar S/. 8.1 millones destinados para este fin. El INR, además, sólo ejecutó el 81.9% de su presupuesto institucional, el mismo que ascendía a S/. 56.5 millones.

El Conadis, con un presupuesto de S/. 10.8 millones, sí alcanzó una ejecución por encima del promedio nacional (91.5%). Sería interesante, sin embargo, conocer cuál fue el nivel de ejecución de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de discapacidad, y cuántos de ellos hicieron uso de la autorización de gasto establecida en la Ley de Presupuesto 2013 para la mejora de la accesibilidad y el fortalecimiento de sus oficinas.

En materia de recopilación de datos y estadísticas sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, el año 2013 nos trajo varias novedades. A mediados del año, en medio de mucha expectativa y controversia, el INEI presentó los resultados de la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), que arrojaron una prevalencia de 5.2% de personas con discapacidad en el Perú. Asimismo, en diciembre, el Conadis terminó el proceso de sistematización del Programa Piloto “Tumbes Accesible”, que incluyó un censo regional y un estudio biopsicosocial. De manera llamativa, los resultados de “Tumbes Accesible” indican que el número de personas con discapacidad en nuestro país sería aún menor de lo que indica la ENEDIS. Se anuncia que el 2014 la experiencia de este programa piloto se replicaría en Piura, Ica y Huánuco.

Finalmente, el 2013 también se alcanzaron resoluciones administrativas y judiciales de importancia para el colectivo de personas con discapacidad. El INDECOPI, cada vez más activo en la defensa de los consumidores con discapacidad, sancionó a varias empresas (Open Plaza y Los Portales de Piura, Peruvian Airlines, Hipermercados Metro, Banco Falabella) por discriminar a personas con discapacidad en el acceso o prestación de sus servicios. Asimismo, el Tribunal Constitucional, declaró fundada una demanda de amparo contra la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por vulnerar el derecho a la educación y la igualdad de una estudiante con discapacidad.

Esperemos que este año 2014 sea más favorable para la inclusión de las personas con discapacidad. La mejora de los niveles de ejecución presupuestal y de las capacidades de gestión se alza como una de las principales prioridades a atender.