Noticias - 2013-12-23

LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Lugar
ESPAÑA
Hora
00:00 A.M.
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Detalles:

Es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Disertó días atrás en el marco de las IV Jornadas de Investigación Histórico Jurídicas del Poder Judicial.

La temática fue “Proceso de discapacidad en Argentina”, ¿de qué se trató la exposición?

-Hemos intentado darle un enfoque al tema de la discapacidad, desde un punto de vista interdisciplinario y, a la vez, analizar la evolución histórica de la legislación.

El proceso de discapacidad está regulado en nuestro derecho por las normas de fondo y por también normas de forma y, a partir de la reforma de 1994 la Constitución Nacional ha incorporado tratados de Derechos Humanos, con esta legislación se permite que la persona pase de una categoría de objeto de protección, que era el inicio de nuestro Código Civil en 1861, a un ser sujeto de protección. Es decir, un sujeto de derecho que con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, le permite y lo pone en una situación de tomar decisiones y hacer aportes para la legislación. Tal es así, que la nueva legislación de salud mental participaron activamente personas con discapacidad.

En nuestro derecho argentino la Declaración de Discapacidad importa un límite a la posibilidad de hacer actos jurídicos de desenvolverse en la vida de relación. Antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, a la persona se la declaraba incapaz y era incapaz absoluto, por lo que no podía realizar ningún tipo de acto, con la posterioridad de esta ley, se permite que la sentencia no sea tan absoluta. Con eso, el juez debe determinar para qué actos se considera que esta persona no tiene capacidad, dependiendo de su patología por supuesto.

-¿Qué es lo que han planteado particularmente en el trabajo presentado en esta oportunidad?

-Lo que hemos hecho en esta investigación es ver la evolución legislativa y el acompañamiento jurisprudencial, hemos accedido al archivo de casos del Superior Tribunal, para ir analizando si la jurisprudencia coadyuvó a que mejore la legislación. Básicamente ese es nuestro aporte, con algunas propuestas de modificaciones legislativas, porque con esta nueva legislación internacional a la cual Argentina se adhirió y es derecho interno por ello, es obligatorio para nosotros. Y a la vez, esta legislación que está a punto de tener rango constitucional importa que nos obliguemos a que las leyes de forma que son las de procedimientos locales sean modificadas para un proceso que de seguridad jurídica a la persona con discapacidad.

-¿Cuál es el estado actual en el ejercicio de esta legislación nacional de Salud Mental en Jujuy?

-Esta legislación es derecho público provincial, o sea que está incorporada a nuestro derecho interno, está siendo aplicada por los Tribunales, porque esta es a la vez una ley de orden público. Las leyes de orden público no requieren de la adhesión provincial para que sean efectivas y, es por eso que se está aplicando en los distintos Tribunales jujeños.

Con esta ley de Salud Mental, importa que no sólo un psiquiatra vea a una persona con enfermedad mental, sino que también un equipo interdisciplinario, porque se considera en el enfermo no sólo su patología médica sino también su vida de relación, terapia ocupacional, asistencia social y demás, es decir que, hay una interdisciplina en la que interviene otras disciplinas. Esto hace que esta pericia no es solamente psiquiátrica sino una experticia, es decir, una pericia de todos los expertos que abordan la enfermedad mental.

Lo importante es que se ha salido de un criterio exclusivamente médico, que ya desde 1861 se sale de él, para determinar la salud mental en relación al derecho y se adopta un criterio médico jurídico y si una persona tiene una enfermedad mental se evalúa si esa enfermedad afecta su vida de relación. Y ahora, con los nuevos principios internacionales de salud mental que se incorporan en el país y la provincia, es que se analiza que la enfermedad mental evoluciona, y al evolucionar permite que la persona mejore, entonces no se puede dictar una sentencia definitiva acerca del estado de una persona. Entonces, ahora no se puede dictar una sentencia que diga que una persona es incapaz absoluto porque ahora la ley me permite hacer una revisión de a sentencia cada tres años, pero no se revé la sentencia, sino que se revisa una vez más el estado de la enfermedad y si esa enfermedad sigue influyendo a la persona en su vida de relación.