Noticias - 2013-11-03

EN EL XIII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN, QUE SE CELEBRA ESTOS DÍAS EN TOLEDO, ESPAÑA.

Lugar
ESPAÑA
Hora
00:00 A.M.
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Detalles:

La directora de la Fundación Tuya (Tutela y Apoyo), Ester Ortega, recomendó este sábado en Toledo a las familias que comiencen a trabajar lo antes posible los sistemas de apoyo, porque "nunca es demasiado pronto para empezar a planificar el futuro de las personas con síndrome de Down".

En su intervención, la experta explicó que lo que más protege a una persona con discapacidad es su red de apoyo, y que en ella los padres no se deben ver como el único recurso válido.

Desde esta perspectiva, dijo, lo importante no es saber quién cuidará de la persona con discapacidad cuando sus progenitores no estén, sino cuál es su mejor plan de vida.

"Por eso, prosiguió, será fundamental trabajar esa red de apoyo fortaleciéndola, con la propia persona y su entorno, posibilitando proyectos de vida plena y acompañando a la persona de forma distinta en cada momento de su vida".

Por su parte, el fiscal coordinador de la sección de discapacidad de la Audiencia Provincial de Jaén, Cristóbal Fábrega, afirmó que la atención a la discapacidad "no es una cuestión de beneficencia, sino de derechos".

Fábrega señaló que pese a que el artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la capacidad de todos los ciudadanos, con independencia de su discapacidad, esto no ha calado todavía.

"Nos enfrentamos a muchos problemas, a una falta de conocimiento en instancias judiciales, abogacía, y en la propia sociedad", aseguró el experto, quien vaticinó que mientras esto no cambie, "seguirá existiendo un alto porcentaje de tutelas y de sentencias de incapacitación".

A su parecer, es un problema sobre todo de convicción, por lo que hay que creer en las capacidades y potencialidades de este colectivo, "porque la discapacidad no es una cuestión de beneficencia, sino de Derechos.

En el Perú este jueves último se modificó la segunda disposición complementaria de la Ley N° 29973 que crea la Comisión Especial reformadora del Código Civil en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad; creemos que la norma aprobada mejora la anterior en cuanto pone plazos más precisos para la instalación de la Comisión, elección de los miembros de la sociedad civil, el plazo final para la presentación de su propuesta. Asimismo, amplía su alcance a otras normas conexas y complementarias que son necesario modificar a fin de establecer un régimen adecuado a la Convención que evita la muerte civil de las personas con discapacidad.

El problema está en el diseño del sistema que   sustituya a ese figura desfasada de la interdicción que aún está vigente; por uno de derecho que se constituya en mecanismo de apoyo para la toma de decisiones colocando salvaguardias adecuadas que no termine también por anular a la persona. Debe implementarse una perspectiva integradora entre sociedad y estado en sus diferentes niveles; donde la familia tenga un rol preponderante pero sin sustituir a la persona con discapacidad.

En España como en el Perú, dura batalla tenemos que dar para que los juristas, jueces, abogados y el propio sistema judicial asuman la sustitución de la interdicción de las personas con discapacidad por un nuevo modelo basado en la CDPD.